Entre los puntos que María Jimena Duzán cuestiona en su columna, está por ejemplo, la decisión de la Corte de que "si un colombiano del común y un congresista asesinan a una persona y la justicia los condena por el mismo delito, la pena mínima de cárcel para el particular será de 17 años y cuatro meses, mientras que para el padre de la patria es de 13".
En relación con un fenómeno tan sensible como el de las alianzas entre políticos y paramilitares, Cecilia Orozco Tascón cuestiona en su columna, la decisión de la Corte de revocar de su cargo como coordinador de los procesos de parapolítica al magistrado Iván Velázquez, y recuerda algunas de las amenazas que ha tenido que enfrentar el magistrado.
Ante el anuncio de la Corte Suprema de Justicia de denunciar penalmente a las periodistas, ya son varias las voces que se han manifestado en contra de la decisión y en solidaridad con las periodistas.
Por medio de este blog -mi blog-, yo Natalia Guerrero Ulloa, suscribo el contenido de las columnas 'Homenaje a un magistrado valiente y decente' escrita por Cecilia Orozco Tacón, publicada en El Espectador el 22 de agosto de 2012, y "La nueva Corte', escrita por María Jimena Duzán y publicada en Revista Semana el 18 de Agosto de 2012.
Suscribo estas dos columnas no sólo en nombre de la libertad de expresión, sino porque respeto la investigación y los hechos listados por las dos periodistas. Comparto además, plenamente sus opiniones sobre la actuación y censura de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Si usted está de acuerdo, deje su comentario abajo, o mejor, copie las columnas y péguelas en sus medios digitales. Compártalas.
Homenaje a un magistrado valiente y decente
Por: Cecilia Orozco Tascón
En medio de un sospechoso sigilo y sin comunicado oficial que diera cuenta del trascendental cambio, sino mediante declaraciones soltadas al desgaire por el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Colombia se enteró de que el magistrado Iván Velásquez, quien en su infinita soledad ha soportado las mayores amenazas y conspiraciones contra su vida, su buen nombre y su honra, había sido relevado del cargo de coordinador de los procesos del repugnante fenómeno de la parapolítica.
La disculpa es baladí y ofende porque supone que somos estúpidos: el puesto debe rotar entre varios auxiliares, dijo quien funge de presidente de esa sala, Leonidas Bustos, como si se tratara de un juego de perinola. La verdad es muy otra. Velásquez, el “investigador estrella” de la Corte, es una roca en el zapato de los mandatarios, de los congresistas corruptos, de los partidos clientelistas y de sus propios colegas los magistrados titulares, cuya conducta está cada vez más cerca de la de sus procesados.
En las películas policíacas se hacen un par de preguntas clásicas para descubrir al autor y el móvil del delito: ¿quién se beneficia con el crimen y para qué se cometió? Parodiando la frase, ¿quién está feliz con la sustitución de Velásquez y para qué lo retiran del centro en donde se descubre el modus operandi del “aparato organizado de poder” que surgió de la alianza de la política con el paramilitarismo? El móvil es fácil: venganza por los resultados e impunidad hacia el futuro. Los vengadores y beneficiarios son muchos. Aproximo una lista:
1. Los excongresistas que purgan pena en La Picota. No le perdonan al valiente abogado haberles demostrado sus fechorías: Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe. El convicto, junto con su otro primo Santiago Uribe, un extraditado y su abogado complotaron contra Velásquez pagándole a alias Tasmania para que calumniara al magistrado. Hasta el jefe de Estado participó en esta patraña. El exsenador Óscar Suárez Mira le ofreció a alias Bam-Bam $100 millones para que se retractara de su testimonio contra él y enlodara a Velásquez. Los exparlamentarios Luis Alberto Gil y Alfonso Riaño. Su abogado Ramón Ballesteros fue grabado mientras trataba de convencer a alias Diego Rivera de declarar en contra del investigador por 100 mil dólares. El exsenador Luis Humberto Gómez Gallo y su paisano Javier Ramiro Devia. El testigo Hernando Díaz aseguró que intentaron sobornarlo para desprestigiar a Velásquez y a la Corte.
2. Los cerca de 30 parlamentarios que tienen indagaciones preliminares por nexos con el paramilitarismo.
3. El expresidente Uribe y los funcionarios de su gobierno envueltos en el operativo de seguimientos, interceptaciones y montajes.
4. La mayoría de los integrantes de la Corte actual. Clientelizados, burocratizados, lagartizados y subordinados al poder del procurador, al que le deben fidelidad y puestos, y al Parlamento, con el que se concertaron para privilegiarse, no pueden tener a un testigo de sus complicidades. Bustos, a quien no le ajusta la toga, ha armado una oscura trinca y está triunfando. Por supuesto, este no es el escenario para alguien decente como Iván Velásquez, a quien nunca sus compañeros le permitieron llegar a la titularidad de la magistratura, precisamente por lo “peligroso” que es. Lo mandan al patio trasero para obligarlo a renunciar. Pero él no está del todo solo. Afuera hay quienes estamos dispuestos a denunciar a los indignos enquistados en la Justicia, y somos muchos los que le damos gracias por su enorme sacrificio.
La nueva Corte
Por: María Jimena Duzán
Revista Semana Sábado 18 Agosto 2012
OPINIÓN Al cambiarse esta jurisprudencia es claro que para esta Corte es más importante el delito del narcotráfico que haber asesinado y masacrado a colombianos.
La reforma a la justicia la sepultaron hace unos meses pero su espíritu viviente no solo se resiste a morir, sino que cada día que pasa goza de mejor salud. Prueba de ello son los cambios de toda índole que se han venido dando de manera vertiginosa en la Corte Suprema de Justicia en materia de parapolítica y que nos acercan cada vez más a la perversa esencia de la fallida reforma Justicia concebida para blindar a los congresistas de escándalos como el de la parapolítica o el de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
El primer cambio se dio en plena discusión de la reforma a la justicia, el 18 de enero de este año. En un fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que condenó a los excongresistas Luis Alberto Gil y Alfonso Riaño a siete años y medio por concierto para delinquir agravado, sorpresivamente, se adoptó una nueva jurisprudencia que otorga a los congresistas un trato preferente a la hora de tasar las penas de sus delitos. La revista SEMANA simplificó de esta manera el cambio de jurisprudencia que convierte a los congresistas en los únicos ciudadanos a los que no se les puede aplicar el Código Penal: ‘‘si un colombiano del común y un congresista asesinan a una persona y la justicia los condena por el mismo delito, la pena mínima de cárcel para el particular será de 17 años y cuatro meses, mientras que para el padre de la patria es de 13”. El magistrado ponente de este cambiazo de jurisprudencia fue Fernando Castro, quien de ser defensor de Víctor Carranza, pasó en 2010 a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia en reemplazo de Yesid Ramírez.
El segundo cambio se dio hace unos días cuando se procedió a llamar a indagatoria a la expresidenta del Congreso Dilian Francisca Toro y la Corte no ordenó su captura. Anteriormente la Corte había sostenido que para delitos como lavado y concierto para delinquir se preveía la captura para hacer la indagatoria. A este ritmo es probable que en menos de tres meses la Corte decida que solamente se pueden capturar a los congresistas cuando hayan sido condenados como en algún momento lo propuso un borrador de la reforma judicial.
Sin embargo, el mayor cambiazo se produjo al inicio de la semana pasada, cuando la Corte decidió aceptar el pedido de extradición del paramilitar José del Carmen Gélvez Albarracín, alias el Canoso, y cambió radicalmente la jurisprudencia de la Corte. Desde 2009 el alto tribunal había decidido congelar las extradiciones de los paramilitares que se encontraran en Justicia y Paz a la espera de que cumplieran con las víctimas. Al cambiarse esta jurisprudencia es claro que para esta Corte es más importante el delito del narcotráfico que haber asesinado y masacrado a colombianos; la cooperación internacional con Estados Unidos que en su concepto sí ha sido eficaz, que los derechos de las víctimas a saber la verdad y a ser reparadas. “Después de siete años de la Ley de Justicia y Paz quienes se han acogido a dicho trámite no han contribuido en forma real, eficaz y transparente al esclarecimiento de la verdad, como tampoco con la finalidad de reparar a las víctimas”, dice la providencia firmada por el magistrado Salazar.
Lo sorprendente es que la Corte Suprema de Justicia falta a la verdad porque en el caso específico de alias el Canoso su colaboración con la Fiscalía y con la Corte ha sido abundante y eficaz. Según el portal de verdadabierta.com Gélvez Albarracín ha venido confesando sus crímenes en Justicia y Paz desde su desmovilización con el frente Tayrona en enero de 2006. Ha sido pieza clave en el proceso por parapolítica contra el expresidente del Congreso Javier Cáceres, y en sus declaraciones ha vinculado a políticos como Trino Luna, Luis Eduardo Vives y los entonces representantes a la Cámara Jorge Caballero y Alfonso Campo Escobar, todos condenados por parapolítica. Sus señalamientos han llegado a incriminar al mismo expresidente Álvaro Uribe y a sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe. Y en el momento en que se anunció su extradición, el Canoso estaba colaborando con la Corte Suprema de Justicia.
El último puntillazo se dio el miércoles de esta semana, cuando se conoció que el magistrado auxiliar Iván Velásquez fue relevado de su función como coordinador de los casos de la parapolítica en la Corte Suprema de Justicia. No se necesita de un prestidigitador para saber hacia dónde nos dirigimos con esta nueva Corte.
Lamentable que no se tomen el trabajo de argumentar o descalificar mediante pruebas, sino que se restrinjan a usar toda suerte de epítetos para justificar su decisión. Triste, asimismo, que una institución que vela por la justicia sea quien use sus propios instrumentos para censurar la opinión de las periodistas.
ReplyDelete